El amague de suspensión del show de Coldplay (banda que no le gusta) en el Estadio de River, llevó a Nicolás Lantos a reflexionar sobre los tonos delirantes que tomó la persecución al rock y, por otra parte, la división que se evidencia cada vez más en esta ciudad entre algunas zonas y sus habitantes con otras.

Al cierre de esta edición, la justicia había habilitado la realización de recitales en el Estadio de River Plate, pocos días antes de que la banda británica Coldplay diera su show programado en ese lugar. A fines de enero, la justicia había clausurado para este tipo de eventos tanto el Monumental como el Club Ciudad de Buenos Aires y el GEBA, los tres en el barrio de Núñez de la Capital Federal. Y aunque finalmente la cuestión –hasta el cierre de esta nota– parecía haberse resuelto de forma satisfactoria (para el público, las bandas y los organizadores, pero no así para los vecinos que con sus quejas llevaron esto a la justicia), este asunto me llevó a plantearme dos cosas: una, la sistemática (y, en pleno siglo veintiuno, totalmente anacrónica) persecución al rock desde varios espacios de poder; y dos, la ridícula desigualdad elitista entre distintas zonas de la ciudad o, lo que es decir lo mismo, entre la gente que vive en esas zonas.

Durante el lustro que siguió a la tragedia de Cromañón, los grandes recitales fueron, salvo excepciones, las pocas ocasiones en las que público porteño podía asistir a espectáculos de calidad. La persecución a los pequeños y medianos establecimientos, enredados en una maraña legal cuya finalidad no era la seguridad del público sino encontrar siempre una falta que permitiera clausurar para cubrir las espaldas de los funcionarios, aterrorizados por la turba fascistojusticiera de los familiares de las víctimas, ahogó a las bandas en crecimiento, que recién en los últimos años comenzaron a levantar cabeza (como vemos todos los meses en esta sección).

Ahora, con la administración Macri (y el paso del tiempo) parece haber vuelto el viejo paradigma de la coima, lo que –no hay mal que por bien no venga– permitió el renacimiento de viejos lugares y el surgimiento de nuevos antros. Pero la persecución pasó a los grandes shows. Con el ridículo argumento de que el pogo genera daños estructurales en los edificios y en la salud de los vecinos (lo primero, descartado por estudios serios; lo segundo, por sentido común), los habitantes del paqueto barrio de Núñez consiguieron que una paqueta jueza clausurara el uso del campo para este tipo de eventos. Que es casi lo mismo que prohibir el evento en sí. Sin contar el margen de capacidad y, por tanto, ganancia para los organizadores, ¿alguien se imagina un recital de rock en el que el público esté a 80 metros del escenario? Digo, es una locura, o el loco soy yo. Tal vez el ex ministro de Educación Abel Posse tenía razón y el rock atrofió mi cerebro. Pero no creo.
Además, por favor, seamos aunque sea un poquitín serios. ¿Alguien puede pensar que el abúlico público de Coldplay puede hacer más daño que los fanáticos de Metallica o AC/DC, que pasaron recientemente por allí sin consecuencias nocivas? ¿A alguien que alguna vez haya ido a un recital de rock (no usted, señor ministro de Cultura Hernán Lombardi) puede parecerle razonable hacer recitales masivos con un límite de 95 decibeles, como hicieron en el último Quilmes Rock, en el que se escuchaban más fuerte los aviones que descendían sobre Aeroparque que la música que bajaba del escenario?

Por otra parte, esta saga deja en claro una división cada vez más presente en la ciudad entre los barrios de bien, protegidos por el entramado político-judicial, que “gozan” de la vigilancia de un nuevo cuerpo de policía, y el resto, cada vez más abandonados a la buena del Señor. Porque, suponiendo por un segundo que fuera cierto lo del riesgo a estructuras y personas, y que un recital sea más dañino que el paso del subte o de un tren, ¿dónde es más peligroso esto? ¿En el relativamente aislado Monumental de Núñez o en el Estadio de Ferro, rodeado de edificios altos? ¿O Vélez, que a fines de año pasado soportó la seguidilla de recitales de Spinetta, Charly y Viejas Locas, y que está emplazado al lado de una autopista elevada que recorren millones de personas por día? ¿Por qué, antes de la clausura judicial, el Gobierno de la Ciudad decidió limitar la cantidad de shows en esos predios para trasladar el resto al Parque Roca, en el sur de la Ciudad, una zona de acceso mucho más complicado? ¿Acaso hay, en Buenos Aires, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda?

Nicolás Lantos